Las semillas son uno de los factores que tienen con los pelos de punta a los campesinos colombianos. Este mercado mueve $250.000 millones al año. Radiografía del polémico negocio, dominado por empresas locales.

Aunque este es un país agrícola, las grandes extensiones están sembradas con productos que tienen investigación interna, como es el caso de café, banano y caña, cuyas semillas son vendidas por sus respectivas federaciones. En los otros cultivos es donde está la competencia entre los productores de dicho material genético, que se disputan un mercado de $250.000 millones, con todo y que Colombia es uno de los países latinoamericanos con mayores problemas de piratería y contrabando de estos productos.

La Asociación Colombiana de Semillas y Biotecnología (Acosemillas) estima que en las hortalizas es en donde menos se usa material certificado o legal, apenas 30% de los cultivos, mientras que en palma ese uso es de 99%, lo que explica la alta competitividad de este producto. “Quien invierte en palma para un cultivo de 30 años no puede correr el riesgo de que la base, que es la semilla, le salga mal”, explica Juan Manuel Monroy, gerente de Acosemillas.

Aunque están claras las ventajas del uso de semillas certificadas, pues traen tecnología, lo que hace que produzcan más y requieran menos abonos e insecticidas, su uso es uno de los factores que ha promovido los recientes paros campesinos. El argumento de los cultivadores es que no deberían pagar por una semilla, que fácilmente pueden obtener tras la cosecha y que en muchos casos es nativa.

El costo de las semillas depende del cultivo y va entre 10% y 15% del valor total de producción, lo que puede ser muy oneroso para los pequeños cultivadores. Obviamente, el diferencial de precio con la semilla pirata o la de contrabando (que se trae de Venezuela o Ecuador) hace que el problema sea mayor. Sin embargo, los empresarios invierten en promedio entre $4.000 millones y $5.000 millones por cada variedad nueva, cada una de las cuales les toma más de cinco años, lo que hace que pidan una retribución por su esfuerzo de investigación.

La polémica por la legalidad de las semillas se agudizó no solo por el paro agrario, también por la divulgación de un documental sobre una resolución de 2010 (la 970 del ICA), con la que se busca hacer un mayor control de la producción y comercialización de semilla certificada. En el video se ve a la Policía destruyendo toneladas de semillas de arroz en Campoalegre (Huila). El malestar se generó porque las semillas fueron tiradas a un botadero y para algunos el problema no era solo que se botó comida “para complacer a las empresas productoras de semillas”, sino que además se les negaba a los campesinos el derecho a reservar los mejores granos para guardarlos como semillas. El escándalo llevó a que la resolución entrara a estudio para ser modificada.